La intransigencia de los golpistas de Honduras amenazaba ayer con hacer naufragar la segunda ronda de mediación iniciada en Costa Rica por el presidente de ese país, Óscar Arias. Hubo posturas enfrentadas. El depuesto Manuel Zelaya, por un lado, proclamó que aceptará el primer punto de la 'hoja de ruta' planteada por el intermediario: su regreso a Honduras el próximo viernes. En cambio, el gobierno de facto, encabezado por Roberto Micheletti, mantuvo su negativa a aceptar la restitución del líder derrocado.
Tras la reunión de diez horas del sábado en un nuevo intento de encontrar una salida pacífica al conflicto, los delegados de ambas partes no zanjaron la cuestión del retorno de Zelaya, que era el primero de los siete puntos planteados por Arias. Al cierre de esta edición, los delegados de ambas partes continuaban ayer reunidos para tratar de llegar a un pacto que parece cada hora más lejano.
El presidente de Costa Rica admitió que «hay muchas diferencias» entre las partes en litigio. El canciller del régimen cívico militar surgido tras el golpe, Carlos López, prometió examinar las propuestas, pero por el momento no hubo fumata blanca ni tampoco voluntad de abandonar la mesa.
Arias propuso la restitución de Zelaya, que fue expulsado hace tres semanas. El costarricense sugirió la formación de un ejecutivo que incluya a varios partidos políticos para que el gobernante depuesto termine su mandato, algo previsto para enero 2010. Asimismo, propuso adelantar las elecciones de noviembre a octubre. A ello sumó una amnistía general para los delitos políticos perpetrados en torno a la asonada del 28 de junio.
Respeto a las instituciones
Pero el documento exige también que el mandatario depuesto «renuncie expresamente a su pretensión» de realizar una consulta popular para la reforma constitucional, que fue el asunto que desató la crisis que devino en su derrocamiento.
Por último, Arias propone que el comando de las Fuerzas Armadas pase del Poder Ejecutivo al Tribunal Supremo Electoral, y que se forme una «comisión de verificación» integrada por hondureños notables y representantes de organismos internacionales a fin de que «se vigile el cumplimiento» de los acuerdos.
La ministra de Energía y una de las principales delegadas del presidente, Rixi Moncada, aseguró que Zelaya aceptó la fecha dispuesta por el mediador para su retorno a la presidencia y se mostró favorable en discutir el resto de los puntos. No obstante, en una entrevista con el periódico brasileño 'Folha de Sao Paulo', publicada ayer, el mandatario adelantó que si regresa al Gobierno insistirá con la convocatoria a la controvertida Asamblea Constituyente que los golpistas rechazan y le costó el cargo.
Por su parte, los delegados de Micheletti se mantuvieron inflexibles en la negativa a aceptar el regreso de Zelaya al poder. La ex presidenta de la Corte Suprema de Justicia y una de las representantes ahora del ejecutivo de Tegucigalpa hizo declaraciones que revelan los escasos márgenes que tienen para negociar.
«No vamos a alcanzar ningún acuerdo sin respeto a nuestras instituciones y sin respeto a la Constitución», remarcó. La ex magistrada consideró que una eventual amnistía debe ser resuelta por el Parlamento, en tanto el adelantamiento electoral corre por cuenta del Tribunal Supremo Electoral.
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